México
México: Viraje al laicismo positivo en una ruta transversal de iglesias, sociedad y gobierno
Si algo ha destacado del actual consejo de presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y en particular de su Secretaría General, ha sido el silencioso trabajo de andamiaje en las diferentes estructuras de la iglesia católica mexicana con las instituciones de gobierno y sociedad civil. Por primera vez en la historia, la Iglesia católica firma acuerdos y convenios de colaboración con diferentes organismos de gobierno mexicano sin mayores pretensiones que romper las inercias de un “laicismo negativo” heredado de la persecución religiosa de inicios del siglo XX y la simulación en la correlación de fuerzas políticas de los últimos 50 años.
Bajo la conducción de Alfonso Miranda Guardiola, la secretaría general de la CEM ha signado convenios con la Fiscalía Especializada para la Prevención de Delitos Electorales (FEPADE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); y ha establecido alianzas estratégicas con centros de investigación, institutos de formación y observatorios sociales. Los convenios tienen horizontes de trabajo, pero impactan más por el significado que dan a la relación del Estado y la Iglesia católica en México: “Debemos pasar de un laicismo negativo a una laicidad positiva; los convenios y el acercamiento tienen que ver con esto. Reconocer el patrimonio, coordinar acciones y trabajo en beneficio de nuestro pueblo”, apunta Miranda.
Tomó tres años, dos equipos distintos y múltiples reuniones interdisciplinarias, pero la CEM finalmente puso acento en la agenda y prioridades de trabajo a largo plazo. En abril del 2018 se aprobó el Plan Global Pastoral 2031-2033 (PGP) y este próximo noviembre -en medio de un proceso de votación y renovación de casi 50 de los 80 cargos episcopales del colegio, incluida su presidencia y vicepresidencia-, la secretaría del organismo presentará la ruta de implementación de dicho plan.
En dicha ruta sobresale el que los obispos hayan decidido celebrar convenios de colaboración con diferentes órganos del Estado para articular los esfuerzos de autoridades civiles y entidades eclesiales al servicio de la gente. Hay que recordar que apenas en 1992, la Iglesia católica en México adquirió personalidad jurídica ante el Estado mexicano y, desde entonces, la relación institucional se había reducido a algunos encuentros diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Nunciatura Apostólica y al registro de las Asociaciones Religiosas ante la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, en el resto de los escenarios políticos y sociales, la relación se limitaba a un mutuo reconocimiento y una especie de pacto de no intervención.
Pero el obispo Miranda Guardiola considera que hay mucho más que aportar a través de estos convenios y, en un futuro próximo, con propuestas legislativas que busquen actualizar la Ley de Asociaciones Religiosas vigente bajo los escenarios de libertad religiosa y sana laicidad del Estado. “El trabajo del secretario general es articular bajo dos principios que considero indispensables: transversalidad e interlocución”; principalmente por las apremiantes necesidades del país que requieren la colaboración interinstitucional (como la atención humanitaria, resguardo y promoción de la cultura, justicia, reconciliación y pacificación) y porque también la iglesia católica “no sólo se juega la credibilidad sino su subsistencia” debido a una “hemorragia” de fieles y de confianza en la institución.
Los convenios logran vencer el muro que ha dado una singular interpretación de la doctrina de “separación Estado-Iglesia”. Por ejemplo, el convenio con Cultura prevé que Iglesia y Estado compartan sus informaciones de los bienes históricos y artísticos del Estado en manos de la Iglesia, regular el estatus jurídico de templos y bienes culturales propiedad de la nación, mejorar los inventarios de piezas de arte y liturgia, y atender con presteza las afectaciones naturales o robos de las riquezas artísticas. Con las autoridades de procuración de justicia, la Iglesia dice querer cooperar en “el abismo de la impunidad y en el proceso de reconciliación”. Con la FEPADE, la colaboración tiene un horizonte formador para que los ministros católicos conozcan a detalle sus márgenes de libertad de expresión y los límites de su participación política. “Las autoridades civiles y eclesiásticas debemos colaborar, especialmente ahora que nuestro pueblo nos necesita tanto”, plantea Miranda.
Tras engarzar la dimensión territorial (95 diócesis) y funcional (8 comisiones episcopales) de la CEM, la secretaría desarrolló una primera programación hacia el 2021 con varios objetivos en mente: poner en marcha un observatorio nacional que mantenga actualizado un directorio general de hospitales, asilos, albergues, casas de migrantes, dispensarios médicos católicos, etcétera; la conformación de un equipo jurídico institucional que coadyuve tanto en la construcción de propuestas de ley para alcanzar una verdadera libertad religiosa en México como en la asesoría para la defensa legal de los obispos de México demandados (entre 2015 y 2018 fueron denunciados más de 100 obispos y sacerdotes católicos ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la FEPADE, muchos de ellos sólo por expresar las enseñanzas de su credo); y la elaboración de protocolos (son nueve aprobados hasta la fecha) para que todas las instancias eclesiales en México cuenten con parámetros de actuación frente a temas como crisis de comunicación, comportamiento ministerial en caso de abusos sexuales, procesos electorales, responsabilidades hacendarias y fiscales, protección de datos personales y seguridad, etcétera.
“Hoy necesitamos recuperar la confianza de los fieles y el respeto de la sociedad, que hemos perdido. Y por ello estamos trabajando. La gente quiere ver acciones reales, contundentes”, reflexiona Miranda Guardiola y adelanta: “Queremos que todo el despliegue de fuerzas y recursos que de manera individual o aislada hace la Iglesia católica en México puedan amarrarse en el Plan Global Pastoral […] Es un documento que va a desatar procesos, catapultar el desarrollo de nuevos proyectos. El documento tiene que bajar y comenzar a suscitar planes de pastoral, artículos, estudios, tesis de universidades, programas… materializarse. Hay que dejarse iluminar por él y empezar a desarrollar acciones y proyectos; siempre de una manera articulada, organizada y engarzada”.
@monroyfelipe
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México
En noviembre efectuará INE Consulta Infantil y Juvenil 2024
Por primera vez, el INE implementará una prueba piloto para la participación de niñas y niños en el rango de tres a cinco años de edad.
Ciudad de México.- Durante el mes de noviembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2024, a nivel nacional.
Misma que espera alcanzar la participación de siete millones 674 mil 523 niñas, niños y adolescentes de entre tres y 17 años de edad.
Además, por primera vez, se instrumentará una prueba piloto para que participen infantes de entre tres y cinco años de edad.
La CIJ se llevará a cabo mediante una plataforma electrónica y 43 mil 217 casillas físicas y virtuales que se prevé instalar en los 300 distritos electorales del país, que operarán en espacios escolares y públicos, en las sedes de las juntas locales y distritales ejecutivas, los Organismos Públicos Locales (OPL) y casillas itinerantes.
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Por primera vez, el INE implementará una prueba piloto para la participación de niñas y niños en el rango de tres a cinco años de edad, mediante la expresión gráfica.
Esta prueba se aplicará en una casilla por cada uno de los 300 distritos electorales federales, en tres jornadas de participación.
En sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva se aprobó por unanimidad el acuerdo que autoriza dotar de recursos que permitan atender adecuadamente a la CIJ, así como su plan general que tiene como objetivo que participen siete millones 674 mil 523 niñas, niños y adolescentes de entre tres y 17 años de edad.
El plan general establece la contratación de personal de apoyo en cada Junta Local y Distrital, durante el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre.
Estas plazas son necesarias para reforzar las actividades relacionadas con el desarrollo del sistema informático de la CIJ 2024, así como para apoyar en los trabajos de ubicación y gestión de las casillas físicas y virtuales, en la convocatoria, registro, verificación de documentos, capacitación, seguimiento y acreditación de personas voluntarias que atenderán las casillas.
De igual manera, en la verificación del funcionamiento, registro y control de los dispositivos móviles propiedad del INE que se utilizarán, así como en la instalación de la aplicación para la recepción de opiniones de niñas, niños y adolescentes, mediante dichos dispositivos, entre otros.
“Maximizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes a la participación y la expresión, es un objetivo institucional permanente”, dijo la Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, María Elena Cornejo.
Cabe señalar que, durante la implementación de la CIJ 2024, se requerirán de ocho mil 100 personas voluntarias para atender la totalidad de las casillas.
ARH
México
Cambio climático y sequía, desafíos para la supervivencia humana: UNAM
La economista advirtió sobre las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.
Ciudad de México.- El Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha destacado la urgencia de abordar el impacto del cambio climático y la sequía en la seguridad alimentaria, especialmente en países como México.
La investigadora Argelia Salinas Ontiveros, del IIEc, ha subrayado cómo estos fenómenos están exacerbando los problemas agrícolas a nivel mundial.
Profundizando la inseguridad alimentaria y aumentando la vulnerabilidad de los productores, en particular de granos básicos como el maíz.
Salinas Ontiveros, durante su participación en el Seminario de los Avances de Investigación del IIEc, resaltó la importancia crítica de analizar el suelo y el agua.
Mismos que son fundamentales para la producción de alimentos, en un contexto de cambio climático y sequía cada vez más pronunciada.
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En este sentido, señaló que el sector agropecuario depende en gran medida de las condiciones climáticas, lo que influye directamente en la productividad y la disponibilidad de alimentos.
En el evento, la economista advirtió sobre las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.
Mismas que indican la necesidad de aumentar la producción agrícola mundial en un 70% para abastecer a una población estimada en 2050 de aproximadamente 2 mil 300 millones de personas más.
Sin embargo, este objetivo enfrenta desafíos significativos, especialmente con un modelo actual que depende de prácticas intensivas y el uso excesivo de agroquímicos, generando emisiones de dióxido de carbono y afectando la disponibilidad de alimentos.
Salinas Ontiveros destacó que el cambio climático está generando nuevos problemas, como el aumento de las islas de calor.
Además de las inundaciones costeras, la intensificación de las sequías y los fenómenos climáticos extremos, lo que a su vez conlleva la aparición de campos de refugiados climáticos.
En cuanto a México, la experta señaló que los pequeños productores están particularmente afectados por fenómenos climáticos como el exceso o la falta de lluvia, la sequía, las inundaciones, las plagas y las heladas, lo que subraya la necesidad urgente de fortalecer la capacidad de adaptación a la vulnerabilidad climática.
En última instancia, Salinas Ontiveros enfatizó que el cambio climático y la sequía no solo representan desafíos para la prosperidad económica mundial, sino también un reto fundamental para la supervivencia de la humanidad en su conjunto.
Esto subraya la necesidad urgente de abordar estos problemas desde una perspectiva integral.
Y tomar medidas concretas para mitigar sus impactos en la seguridad alimentaria y la supervivencia humana.
La conferencia de Salinas Ontiveros sirve como un llamado a la acción tanto a nivel local como global para abordar el cambio climático y la sequía como prioridades urgentes para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
ARH
CDMX
IECM transmite debate para personas privadas de la libertad en CDMX
En el de la Ciudad de México, las personas en prisión preventiva podrán votar por los cargos de Jefatura de Gobierno, alcaldía y concejalías.
Ciudad de México.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), continúa su compromiso con la inclusión y el ejercicio democrático.
Al llevar a cabo la transmisión del Segundo Debate a la Jefatura de Gobierno en diversos centros penitenciarios de la capital mexicana.
Esta iniciativa, que tuvo lugar el pasado 21 de abril, está dirigida a las personas en prisión preventiva sin sentencia firme, quienes tendrán la oportunidad de emitir su voto en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
El objetivo principal de esta actividad es garantizar que este sector de la población esté en condiciones de ejercer un voto razonado e informado.
Para ello, se transmitirá el debate electoral en los centros penitenciarios durante el período del 06 al 20 de mayo.
Mismo que permite que las personas privadas de su libertad tengan acceso a las propuestas de las candidaturas participantes.
La transmisión del debate en los centros penitenciarios, el enfoque ha sido difundir las propuestas de las tres candidaturas señaladas por orden alfabético.
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Clara Marina Brugada Molina, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México”; Salomón Chertorivski Woldenberg, del Partido Movimiento Ciudadano; y Santiago Taboada Cortina, de la coalición “VA X LA CDMX”.
Es importante destacar que, por primera vez en la Ciudad de México, alrededor de mil 572 personas en prisión preventiva tendrán el derecho y la oportunidad de ejercer su voto en este proceso electoral.
La transmisión del debate se llevó a cabo en los siguientes centros penitenciarios.
El Centro Femenil de Reinserción Social, el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I.
Así como en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
En el caso específico de la Ciudad de México, las personas en prisión preventiva podrán votar por los cargos de Jefatura de Gobierno, alcaldía y sus respectivas concejalías.
Además de diputación al Congreso local, de acuerdo con el ámbito territorial correspondiente al centro penitenciario en el que se encuentren ubicados.
Incluso en contextos de privación de libertad.
El IECM y la SSC reiteran su compromiso con la inclusión y la equidad en el proceso electoral.
Mismos que promueven una democracia más participativa y representativa en la Ciudad de México.
ARH
Estados
Diócesis de Querétaro insta a autoridades a dar resultados para madres buscadoras
Subrayó el compromiso de la iglesia católica de acompañar a estos grupos tanto en la oración como en el contacto con las autoridades.
Querétaro.- El descubrimiento de una fosa clandestina en San Juan del Río dejó como resultado encontrar el cuerpo de una persona con las manos atadas y enterrada boca abajo.
Ante estos hechos, el vicario de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, ha levantado su voz exigiendo a las autoridades una pronta respuesta que brinde celeridad a las familias buscadoras.
En su declaración, Lara Becerril destacó la necesidad imperante de resultados ante una sociedad mexicana inmersa en un contexto descrito por la Conferencia del Episcopado Mexicano como una “narcocultura, corrupción e impunidad”.
Misma que alimenta un clima de violencia que, según la iglesia católica, se propaga a través de las redes sociales.
“La sociedad demanda respuestas claras y rápidas frente a estos actos de violencia, y el llamado es para que las autoridades respondan con prontitud”, señaló el vicario.
Además, recordó el inicio de la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria con una misa en el Templo de San Francisco.
Por ello, subrayó el compromiso de la iglesia católica de acompañar a estos grupos tanto en la oración.
Así como en el contacto con las autoridades y en el proceso de acompañamiento.
Es importante destacar que los colectivos de búsqueda fueron acompañados por religiosos y voluntarios de la iglesia católica.
Misma que incluye sacerdotes y monjas locales y de otros estados de la República, durante sus recorridos por San Juan del Río y la frontera con el Estado de México.
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El papel de la Iglesia, de acuerdo con Lara Becerril, abarca desde escuchar los lamentos y gritos de quienes sufren.
Hasta brindar apoyo y canalizar con las autoridades pertinentes para encontrar soluciones.
Reconociendo que muchas cuestiones escapan al control eclesiástico.
Su compromiso es permanecer junto a las comunidades afectadas hasta que se obtengan respuestas claras y precisas.
ARH
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