México.— A casi ocho meses de ocurrido el sismo del 19 de septiembre, que sólo en el colegio Rébsamen de la Ciudad de México provocó la muerte de 26 personas, Aníbal Mújica, padre de uno de los menores que estudiaba en ese centro educativo, dejó claro que no permitirán que haya “carpetazo” en esta tragedia, ni una investigación falsa.

“No vamos a permitir desvío de la justicia. Esa dignidad de honrar a nuestros hijos, a todos, los vivos y los que ya no están, es todo lo que nos queda. Nuestros hijos fueron violentados por un derrumbe y por la corrupción”, expresó en entrevista con Notimex.

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Por ello dijo que esperan a que haya un pronunciamiento de las autoridades y cuando esto ocurra los padres evaluarán si la investigación es satisfactoria. “Uno más uno dan dos. No puede dar otro número. Sabemos gran parte de la película, queremos que los resultados lo reflejen”.

Dijo que aunque un grupo de padres ha señalado directamente a presuntos responsables, “nosotros, que somos la mayoría, consideramos que no somos investigadores ni autoridades, y que son éstas las que tienen que llevar a cabo esta función”.

El padre de familia refirió que el grupo surgió con la premisa de no politizarse ni ser “botín político” de nadie. “Como personas, cada papá tiene sus convicciones políticas, pero eso es individual. La línea como grupo es no permitir que la tragedia se politice”.

Al respecto consideró que por algunos padres que se han manifestado en un sentido concreto y han señalado a presuntos responsables, todos los padres han sido estigmatizados, e incluso “se ha mencionado que se han vendido, que apoyan a uno u otro candidato o candidata”.

Tras señalar él no sabe de algún padre de familia que milite en algún partido o que pertenezca a alguna campaña, enfatizó que lo que buscan es que esta tragedia no se repita, que haya justicia, “y una de las formas para que esto sea así es que no quede impune, que los funcionarios públicos de aquí en adelante piensen dos veces para ejercer actos de corrupción que pueden costar vidas”.

“La corrupción cuesta vidas. La corrupción mató a los niños, por lo que sucedió antes y lo que sucedió después, en las primeras horas. Esto es lo que no puede ocurrir nuevamente en México. Eso es lo que nos mueve, nos motiva”, expresó.

Por ello criticó la falta de celeridad de las autoridades para tener resoluciones sobre el caso. “Estamos prácticamente a ocho meses y no tenemos ningún otro indiciado además de los iniciales –dos directores Responsables de Obra y la dueña del Colegio, todos prófugos-; no hay nadie más”.

Expuso que incluso uno de ellos había presentado documentos en los que se exculpaba de su responsabilidad porque decía que posterior al sismo del 7 de septiembre había presentado documentos en los que le informaba a la delegación que la estructura estaba comprometida. “Al verificarse los documentos esta semana, se comprobó que eran falsos”, dijo.

Ante ello expuso que la Procuraduría General de Justicia capitalina puede ejercer acción penal sobre esta persona si es que la tiene localizada. “Eso es lo que esperamos, que las autoridades hagan su trabajo y que detengan a los responsables. Y que si hay más, también los detengan”.

“Hay molestia, enojo, entre la comunidad, indicó y preguntó ¿cómo no vamos a estar enojados? Volteamos en la mañana y vemos a nuestros hijos y no son los de antes, siguen muy afectados, tienen crisis muy recurrentes”.

Mencionó que los menores están afectados en distintos grados, de acuerdo a su propia forma de enfrentar sus traumas y lo que vivieron. “Cada niño lo vivió distinto. Hubo niños que desde el patio vieron como la escuela se caía y devoraba a sus compañeros… cada cabecita es distinta, pero todos tienen miedo”.

Aseveró que debido a lo que vivieron los menores, “todos los niños del Colegio, nuestros hijos y sus hermanos fuera del Colegio han bajado calificaciones, han sido cambiados de escuela una y otra vez. Hay niños que han estado en tres o cuatro escuelas, y ahorita no se les cambia porque el ciclo escolar termina en mes y medio, pero no se adaptaron a los colegios”.

Agregó que como producto de la desorganización, “del jaloneo entre los niveles de gobierno”, entre los padres de familia prevalece la sensación de que no se actuó con la debida oportunidad y celeridad para rescatar a los niños.

Nos decía una psiquiatra, explicó, que si lo que tienen nuestros niños fuera físico y visible, estarían con collarines, las caras remendadas, los brazos enyesados, las piernas, nada más que ese tipo de lesiones tarda dos o tres meses en curar, y estas tardan años y no las vemos.

La única forma que tenemos de dignificar a nuestros niños es que no haya desvío en la justicia, que se encuentre y se castigue a los responsables; eso es lo que queremos en México, que quien cometa un acto de corrupción tenga consecuencias, que los gobernantes presentes y futuros piensen dos veces antes de tener una actuación que mate gente.

“Estamos en espera, confiando en las instituciones, pero no tienen un cheque en blanco. La investigación tiene que ser real y creíble”, advirtió al señalar que a ocho meses de la tragedia, “estamos a la expectativa de que las autoridades hagan su trabajo, y se castigue a los responsables”.

Sobre si fueron suficientes los apoyos en momentos difíciles y ante circunstancias desfavorables que aún viven como familias, Aníbal Mújica opinó que hay gente a la que los recursos que les han dado les han sido muy útiles. “Hubo quien se quedó sin trabajo, que no tenía la mejor condición económica, a pesar de estar en escuela privada”.

Otro papá, Gerardo Soto, dejó claro que desde el inicio, el reclamo de los padres ha sido por justicia. “Al principio no sabíamos cómo estaban las cosas, qué pasó. Ahora hay evidencias. Aunque no sean completas, sabemos que sí hubo errores, corrupción, cosas que se hicieron mal”.

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Pedimos que se castigue a quien se tenga que castigar, enfatizó al reconocer que la falta de resultados produce decepción. “Hemos esperado pacíficamente… tal vez nos ha faltado más”, y aunque algunos padres de familia han preferido cambiar de ciudad, varios más buscan respuestas y justicia.

agch