Ciudad de México.— La diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero propone reformar el artículo 42 de la Ley General de Educación, para incorporar que la edad mínima de niñas y niños para ingresar a educación básica en el nivel inicial será “a partir de los 45 días de su nacimiento”.

Actualmente, la legislación sólo considera la edad mínima para ingresar a los niveles prescolar, que es de 3 años, y primaria a partir de los seis años cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

En su exposición de motivos, la legisladora del Partido del Trabajo señala que la educación inicial juega un papel fundamental en el desarrollo integral de las niñas y niños, ya que constituye la base sobre la cual se cimientan sus futuros aprendizajes y habilidades. Asimismo, esta etapa es crucial para el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico.

Expone que esta etapa prepara a los menores de edad para la transición a la educación formal que posteriormente tendrán en sus siguientes años de vida, pues les brinda las habilidades necesarias, como la atención, concentración y capacidad de seguir instrucciones, las cuales son fundamentales para un rendimiento académico exitoso a lo largo de su vida.

Durante los primeros años, los niños son receptivos a la estimulación y el aprendizaje; en este tenor, la educación inicial proporciona un entorno estructurado y enriquecedor que promueve el desarrollo físico a través del juego y la actividad física, así como el desarrollo cognitivo mediante actividades educativas adaptadas a su edad.

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La iniciativa, enviada a la Comisión de Educación para dictamen, indica que esta etapa inicial desempeña un papel crucial en la reducción de las brechas de desigualdad educativa; además, el acceso a una educación de calidad desde los primeros años ayuda a nivelar las oportunidades, para garantizar una base equitativa para todas y todos los niños, independientemente de su origen socioeconómico.

También, durante esta etapa educativa, las niñas y los niños desarrollan habilidades lingüísticas fundamentales; la exposición temprana a diferentes formas de comunicación, incluida la lectura y la interacción verbal, contribuyen significativamente al desarrollo del lenguaje y la alfabetización en nuestra nación.

La diputada Vázquez Romero resalta que se debe tener claro que la educación inicial no solo es un punto de partida para el aprendizaje formal, también establece las bases para el bienestar emocional, la socialización y el éxito académico en la vida.

“Invertir en la calidad de la educación inicial es, por lo tanto, esencial para construir sociedades más equitativas y proporcionar a cada niña y niño la oportunidad de alcanzar su máximo potencial”, agrega.

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Ciudad de México.— El Pleno del Senado de la República aprobó, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, un dictamen para imponer de dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien realice las denominadas terapias de conversión sexual.

El documento, que envió la Cámara al Ejecutivo Federal, plantea que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, precisan que aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

SANCIONES A PADRES

Para el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

El documento también señala que cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

Además, se subraya que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

AMBIGÜEDADES

Cabe destacar el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, presentó una reserva para modificar la redacción en la tipificación del delito, argumentando que esta presentaba ambigüedades que podrían llevar a una aplicación injusta de la ley.

“Creo que éste se puede mejorar bastante, pues se puede criminalizar a ciertos actores por la forma en la que está redactado el tipo penal”, acotó.

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A su vez, el también senador de Morena, Reyes Flores Hurtado, de Coahuila, expresó su preocupación por la ambigüedad extrema en la redacción del tipo penal propuesto, advirtiendo sobre posibles implicaciones para la patria potestad de los padres de familia.

BLOQUEN RESERVAS

De acuerdo con la activista, Alejandra Yánez Rubio, las senadoras morenistas Patricia Mercado, Citlalli Hernández y Olga Sánchez Cordero, promotoras de la iniciativa, bloquearon la reserva del senador Espino del Valle.

De esta forma, dijo, la iniciativa criminaliza todos los tratamientos y/o terapias con profesionales de la salud en torno a la sexualidad.

REFORMA MAL REDACTADA

“Una reforma mal redactada fue aprobada y vendrán muchas criminalizaciones injustas, además de que se coartará la libertad de quienes quieren explorar su fluidez sexual”, señaló Yánez Rubio.

En ese sentido, externó su indignación de que haya legisladores que que únicamente cobran sin dar la cara en los momentos más decisivos.

“Ojalá los tratamientos para confundir a la infancia también sean considerados terapias de conversión. En Reino Unido, los estudios han demostrado el daño terrible de este experimento en más de 10,000 criaturas”, finalizó.

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Ciudad de México.— Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) llevaron a cabo una protesta en el Senado de la República, colocando una manta con una imagen que ha generado debate.

La manta reproducía una publicación reciente del partido Morena en sus redes sociales, donde se mostraba una playera con la inscripción: “Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador”, junto a la figura de la Santa Muerte.

Durante la protesta, la senadora del PAN, Lilly Téllez, fue fotografiada sosteniendo un rosario en la mano como signo de protesta y rechazo hacia la imagen promovida por Morena.

FALTA DE RESPETO

En el pleno del Senado, Téllez recordó las declaraciones del presidente López Obrador, quien defendió la Santa Muerte como una figura benigna.

“El presidente López Obrador defendió lo que adoran los asesinos, porque en la conferencia mañanera el presidente dijo que la santa muerte es santa, pero en realidad es diabólica”, dijo.

La senadora exigió respeto al estado laico y criticó la enaltecimiento de símbolos que considera diabólicos.

Por ello señalo que es una falta de respeto hacia los cristianos y una muestra de desprecio hacia la fe.

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Asimismo, la senadora instó a López Obrador a justificar su apoyo a la Santa Muerte, alegando que es un símbolo asociado con el mal y la muerte.

También pidió a los candidatos de Morena que dejen de hablar de temas relacionados con Satanás.

Finalmente, Téllez expresó su preocupación por la convocatoria de candidata a diputada local por Morena en Guaymas, Sonora María de Jesús Delgado Grajeola, a unirse a Satanás para derrotar a la oposición.

COINCIDE CON OBISPOS

Josefina Vázquez Mota exhibió en el pleno el video de los obispos de México donde externaron su preocupación por el aumento en la implementación de la cultura de la muerte y violencia a través de la narco cultura y a los cultos disociados como el de la Santa muerte.

Vázquez Mota defendió el estado laico y como muchas otras voces de otras religiones, coincidió que la propagación de contenido dañino está distorsionando los valores fundamentales y erosionando el tejido social.

“No a la apología de la muerte”, enfatizó.

MORENA ENALTECEN A LA SANTA MUERTE

Por su parte, la senadora Alejandra Reynoso dijo que mientras México sufre de violencia, en Morena enaltecen a la Santa Muerte.

“Como senadora y como católica les digo que es una falta de respeto (…) mi pacto sí es con Dios y al que le pido que salve a México al que le pido por la vida, por la verdad y por la libertad”, señaló.

FE Y RAZÓN SON COMPLEMENTO

Senador José Alfredo Botello Montes se refirió a la importancia de la defensa del Estado laico, dijo que la fe y la razón son complemento.

“No creo en la Santa Muerte como la mayoría del pueblo de México. Yo creo en Dios y creo en la Virgen de Guadalupe y No únicamente por politiquería”.

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Ciudad de México.— Esta semana las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron el proyecto de decreto para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).

En ese sentido, la activista Alejandra Yánez Rubio señaló la importancia de esta discusión, resaltando la necesidad de abordar de manera efectiva el tema de las “terapias de conversión”.

A través de redes sociales, Yánez Rubio dio a conocer que logró establecer contacto con el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a quien proporcionó información detallada respaldada por sólidos argumentos, con el apoyo del director de ConParticipación, Marcial Padilla.

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Coincidentemente, tras recibir y analizar la información, el senador de Morena representante del estado de Chihuahua, Espino de la Peña, adelantó que presentará una reserva en el Pleno para modificar la redacción en la tipificación del delito, argumentando que esta presentaba ambigüedades que podrían llevar a una aplicación injusta de la ley.

“Creo que éste se puede mejorar bastante, pues se puede criminalizar a ciertos actores por la forma en la que está redactado el tipo penal”, acotó.

A su vez, el también senador de Morena, Reyes Flores Hurtado, de Coahuila, expresó su preocupación por la ambigüedad extrema en la redacción del tipo penal propuesto, advirtiendo sobre posibles implicaciones para la patria potestad de los padres de familia.

Sin embargo, la activista, señaló que las senadoras morenistas Patricia Mercado, Citlalli Hernández y Olga Sánchez Cordero, promotoras de la iniciativa, rechazaron cualquier intento de modificación, proponiendo que la iniciativa se aprobara sin cambios.

En comisiones, la iniciativa de reforma recibió el respaldo de 13 senadores, mientras que 9 de ellos apoyaron la reserva propuesta por el senador Espino. Esto implica que tanto la propuesta original como la reserva serán sometidas a votación en el pleno del Senado.

La activista Alejandra Yánez denunció que la senadora Patricia Mercado amenazó con hacer todo lo necesario para evitar que la reserva fuera votada en pleno, lo que refleja la determinación del grupo promotor de la iniciativa en su afán por mantener la propuesta original.

INICIATIVA

La propuesta establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

El proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, indica que se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez, puntualiza el documento.

Cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

Además, bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere, establece el proyecto de decreto.

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