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Indulto a Fujimori bajo sospecha
Lima.- El indulto concedido por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al exmandatario Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, está bajo serias sospechas de ser un acuerdo político que los beneficia a ambos.
El aparente trato permitió a Kuczynski seguir en el sillón presidencial tras salvarse de ser destituido por el Congreso la semana pasada gracias a los votos de un pequeño sector del fujimorismo; y a cambio Fujimori obtuvo el domingo la libertad tras diez años de infructuosos intentos por salir de la cárcel.
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Kuczynski, que se ha pasado su primer año y medio de mandato asfixiado por la presión del fujimorismo, que controla el Congreso con mayoría absoluta, se salvó el jueves pasado, contra todo pronóstico, de una moción del parlamento para destituirlo gracias a una decena de fujimoristas que se abstuvieron y no votaron a favor de su salida del cargo como el resto de su bancada.
Esos parlamentarios fueron liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto Fujimori, quien en ocasiones anteriores ya había solicitado abiertamente a Kuczynski el indulto para su padre.
Solo tres días después de esa votación, Kuczynski anunció el indulto horas antes de la Navidad, lo que polarizó a una sociedad peruana dividida casi a partes iguales entre fujimoristas y antifujimoristas.
Kuczynski lo hizo a costa de enervar e indignar a los votantes que lo apoyaron en las elecciones del pasado año con la única pretensión de que no ganara Keiko Fujimori, hija del exmandatario y líder del partido Fuerza Popular, e hiciera lo mismo que él ahora ha concretado: indultar a su padre.
Lo concedió, además, a pesar de haber negado esa posibilidad casi hasta el último minuto a través de sus personas cercanas, como la primera ministra, Mercedes Aráoz, quien el día de la votación aseguró que el Gobierno no negociaba indultos.
Aunque la gracia presidencial está fundamentada en una supuesta enfermedad no grave, degenerativa e incurable, pero que puede agravarse en prisión, el presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), Salomón Lerner, aseguró hoy a Efe que es evidente la existencia de un trato político, “un toma y daca”.
“Hasta el menos reflexivo de los peruanos vincula de inmediato el apoyo a Kuczynski de una parte de los fujimoristas con el indulto”, comentó Lerner, quien presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investigó el conflicto interno que asoló Perú entre 1980 y 2000, período que abarca el mandato de Fujimori.
Lerner recordó que el exgobernante fue condenado por delitos de lesa humanidad, como autor mediato (con dominio del hecho) en el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), a cargo del grupo militar encubierto Colina, además del secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
Se trata de delitos que la ley internacional considera imprescriptibles y, a criterio de Lerner, su sanción no puede ser modificada, más aún cuando se trata de un emblemático caso de abuso desde el máximo cargo de poder de un Estado.
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Para el especialista, se trataba además de un caso simbólico de justicia por las numerosas violaciones y crímenes cometidos por las fuerzas del Estado durante el mandato de Fujimori (1990-2000) y cuyos autores materiales no suelen identificarse por la opacidad del Ejército y otros círculos oficiales.
Tampoco es idóneo hablar de un perdón, según Lerner, pues Fujimori siempre se declaró inocente de los delitos y crímenes por los que fue condenado y nunca mostró arrepentimiento, como tampoco por acciones autoritarias como el “autogolpe de Estado” de 1992.
En su decisión de otorgar el indulto, Kuczynski también libró a Fujimori de ser procesado próximamente por el caso Pativilca, otra matanza del grupo Colina en la que perecieron seis personas, al haber incluido ese “derecho de gracia”.
Fujimori, de 79 años, se ha pasado los once últimos años recluido por delitos de lesa humanidad y corrupción cometidos cuando estaba en la Presidencia, a la que renunció por fax desde Japón en 2000, pero cinco años más tarde fue detenido en Santiago de Chile y extraditado a Perú para ser juzgado.
AGP
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Reino Unido.— Resultados de un estudio liderado por el consultor de salud independiente Kevin Duffy arrojaron una tendencia preocupante en el sistema de salud del Reino Unido.
El estudio revela que en los últimos cinco años, al menos 39 mil mujeres en Inglaterra y Gales han sido tratadas en hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) debido a complicaciones derivadas de abortos caseros con medicamentos fallidos o incompletos.
En diciembre de 2018, el Secretario de Estado de Salud y Asistencia Social permitió a las mujeres autoadministrarse la segunda parte de un aborto con medicamentos en casa, y esta medida se amplió a ambas partes del proceso en marzo de 2020 como respuesta a los confinamientos por la pandemia de Covid-19.
El Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos (RCOG) advierte que 1% de todos los casos de aborto con medicamentos fracasan, mientras que hasta el 6% pueden ser incompletos, lo que requiere atención médica adicional. Sin embargo, los proveedores de servicios de aborto y el Departamento de Salud y Asistencia Social han subestimado estas complicaciones, según el informe reciente.
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El análisis de datos revela que el 2.8% de las mujeres que autogestionaron sus abortos con medicamentos en casa fueron admitidas posteriormente en hospitales para recibir tratamiento quirúrgico, lo que sugiere una tasa total de complicaciones del 6%. Estas cifras, consistentes con investigaciones independientes, plantean serias preocupaciones sobre la seguridad y el apoyo a las mujeres que optan por el aborto con medicamentos en el hogar.
El aumento de abortos registrados en el primer semestre de 2022, con un incremento del 17% en comparación con el mismo período de 2021, es un indicador adicional de la magnitud del problema. Organizaciones independientes han expresado su preocupación por el impacto emocional y físico en las mujeres, así como por la falta de apoyo adecuado en este proceso.
Este debate arroja luz sobre la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de salud relacionadas con el aborto, con un enfoque en la seguridad, el apoyo integral a las mujeres y la transparencia en la presentación de informes sobre complicaciones.
La protección del bienestar de las mujeres debe ser una prioridad en cualquier enfoque de atención médica relacionado con el aborto.
Reporte completo aquí
ebv
Madrid.— En un gesto de acercamiento y diálogo institucional, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, y el secretario general, Mons. Francisco César García Magán, se reunieron con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Palacio de la Moncloa.
El encuentro adquiere un significado especial al tratarse del primer acercamiento oficial tras la elección de Mons. Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal el pasado 5 de marzo. Félix Bolaños, responsable de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, lideró la reunión en la que se abordaron diversos aspectos relacionados con esta dinámica.
La reunión estuvo marcada por la cordialidad y el respeto mutuo, evidenciando la disposición de ambas partes a fortalecer los lazos entre la Iglesia católica y las instituciones públicas.
Además de los obispos católicos, también estuvieron presentes Alberto Herrera, subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Mercedes Murillo, directora general de Libertad Religiosa.
El encuentro en la Moncloa representa un paso importante en la consolidación del diálogo y la colaboración entre la Iglesia y el Gobierno español, reafirmando el compromiso de ambas partes con el entendimiento mutuo y el bien común.
ebv
Madrid.— La Fundación Española de Abogados Cristianos solicitó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria evitar la inauguración de la exposición “Poéticas del deseo”, la cual consideran que vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa.
La petición de medidas cautelares se enmarca en un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la organización. La exposición del artista José Luis Luzardo comenzó este jueves en el Centro de Artes Plásticas de la ciudad española, dependiente de la Consejería de Cultura del Gobierno Canario.
En las obras expuestas se representan Vírgenes, Santos e incluso al Papa dentro de preservativos realizados en cristal, una temática que la Fundación de Abogados Cristianos considera una afrenta a los sentimientos religiosos de los cristianos.
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La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, manifestó su preocupación al respecto, calificando de “intolerable” que se financie con dinero público una actividad que ataca los sentimientos de una gran parte de la sociedad.
Además, señaló que estas acciones parecen ser permitidas únicamente cuando afectan a los cristianos; por lo que criticó la falta de neutralidad por parte de las instituciones públicas, especialmente aquellas dirigidas por gobiernos de izquierda.
“VIRGENCITA”
Por otro lado, el propio José Luis Luzardo, artista responsable de la exposición, justificó que la representación de la virgen no es un elemento aislado, sino que forma parte de una obra más amplia que incluye una caja con más de 60 dildos.
“Una de las piezas en la sala de exposición incluye a esa virgencita”, dijo.
ebv
Ciudad de México.— La Corte Internacional de Justicia (CIJ) programó las audiencias públicas para el caso de la incursión de la embajada de México en Quito por parte de Ecuador.
Según lo establecido, las audiencias tendrán lugar en La Haya, Países Bajos, para el próximo 30 de abril y 1 de mayo.
Ahí, se discutirá la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por México.
Primero se escucharán los alegatos de México y en el segundo día de actividades será turno de Ecuador.
Aunque la CIJ podría tardar años en tratar el fondo de la cuestión, el organismo dijo que el caso sería tratado a la brevedad.
El pasado 11 de abril, México pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que suspenda a Ecuador de la ONU.
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La sanción debería entrar en vigor “en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”.
La cancillería mexicana acusa a Ecuador de violar la Convención de Viena, que defiende la soberanía de las cancillerías, embajadas y consulados.
Por este motivo, el gobierno mexicano exige una disculpa de su contraparte y la garantía de que un agravio de esta naturaleza no volverá a repetirse.
JAHA
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